Derechos Humanos
Con relación a las formas de regulación supranacionales sobre el manejo de la violencia por parte de los Estados nacionales, tanto en el marco nacional como en el internacional, es preciso decir que a partir de las dos guerras mundiales, (llevadas a cabo como parte de los procesos de reorganización internacional del capital y de las fuerzas productivas), y de las profundas secuelas que estas dejaron para individuos, sociedades y economías, en un mundo que cada vez se avizoraba como más interconectado, en el año de 1945 se reunieron en San Francisco (Estados Unidos) delegados de cincuenta naciones y crearon la organización que se llamó Naciones Unidas, con el propósito de “proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra”, contexto en el cual se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948 en la que se sistematizaron todas las normas jurídicas relacionadas con esta problemática y a la cual debieron acogerse todos los estados miembros. Estas disposiciones a la vez que trataron de pautar las actuaciones de los estados en el orden nacional e internacional, también delimitaron las características de los individuos y los derechos y deberes que los configuraban como sujetos/ciudadanos en el marco de los estados nacionales pero bajo normativas de carácter internacional.
El restablecimiento de la democracia y el reordenamiento de los valores sociales en función de la transición que se dio en buena parte de los países latinoamericanos, han producido transformaciones en las miradas recientes en torno al uso de la violencia, bien sea en términos de la preservación o del acceso al poder. Así, una perspectiva forjada a través del filtro de los saldos de dos guerras mundiales y los efectos de la mal llamada Guerra Fría cuyas políticas alcanzaron a tocar el corazón de las sociedades latinoamericanas, ha llevado a cuestionar la legitimidad de la violencia en un contexto en el cual se ha afianzado la defensa de los derechos humanos así como la instauración de regímenes políticos de carácter democrático. Como consecuencia de ello el tema de la violencia política parece quedar por fuera de los debates en la agenda pública en pro de políticas de reconciliación a través de las cuales no se alcanzado, por un lado, a saldar cuentas con el pasado (violento) que estas sociedades han heredado y, por otro lado, se escamotea el hecho de que en la esfera política el componente de la violencia forma parte de las tensiones con las que toda sociedad debe lidiar.
